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MANIFIESTO MOVILIZACIÓN 08/04/2021

abril 8, 2021
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SON MUCHASLAS RAZONES PARA PARAR LAS OPEs

1.Los presentes nos reunimos y manifestamos nuestro desacuerdo frente a la decisión de convocar centenares de plazas que desde hace décadas están ocupadas por empleadas y empleados públicos que sufren el abuso de la temporalidad, destinados a servicios públicos básicos, administrativos o sociales que atienden a la ciudadanía y a los municipios de la provincia.2.Somos funcionari@s con una media de 50 años de edad, con 10, 20 y hasta 30 años de servicios prestados a la Administración, formados en su mayoría por mujeres que sostenemos las cargas familiares de hijos y padres en avanzada edad.3.Estamos en situación de abuso, contraria a la Directiva 1999/70/CE, porque llevamos décadas destinados a atender necesidades que no son provisionales, esporádicas, puntuales, excepcionales o coyunturales, sino que son ordinarias, estables y permanentes, cubriendo la Diputación con personal temporal sus necesidades estructurales en materia de personal.4.Todos los empleados públicos de la Diputación hemos accedido a la función pública cumpliendo los principios constitucionales. Nuestro problema no es acceder a la función pública puesto que estamos dentro del sistema, sino que nos quieren excluir del mismo a coste cero.5.El gobierno de la Diputación debe respetar la normativa y jurisprudencia europea establecidas a partir de la Directiva 1999/70 del Consejo y el Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, que obliga a los estados miembros a establecer medidas para prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de relaciones laborales de duración determinada.6.La Diputación de Málaga tiene alrededor de un centenar de reclamaciones judiciales de trabajadores y trabajadoras que han recurrido sus decisiones administrativas frente al abuso en la temporalidad, lo que supone más de una tercer parte del total de plazas ocupadas, cuyos juicios se celebrarán previsiblemente entre 2021 y 2022, incluida la impugnación de la Oferta de Empleo Público 2019 efectuada por el Sindicato de Empleados Públicos de Málaga (SEPMA). 7.El principio de primacía del Derecho Comunitario se impone sobre el Derecho Interno, incluso sobre las normas constitucionales, prevaleciendo la disposición comunitaria sobre la constitucional.8.Las autoridades de la Diputación deben salvaguardar y aplicar directamente las normas de Derecho de la Unión, pudiendo invocadas ante otras autoridades administrativas y judiciales.9.La Directiva concibe el derecho a la estabilidad en el empleo como un componente primordial de la protección de los trabajadores, tal y como indica la Sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 2016.10.La normativa comunitaria viene a proclamar el principio de igualdad de trato y no discriminación en la prestación de servicios, cuya finalidades la de establecer límites a la utilización sucesiva de contratos duración determinada11.El Derecho de la Unión establece la obligación de que los Estados Miembros adopten de un lado medidas preventivas y, de otro lado, la imposición de sanciones frente tales abusos, cuando se hayan producido, siempre con el objetivo primordial de proteger al trabajador.12.Aunque el Estado español no haya aprobado las medidas legislativas pertinentes para ajustar la normativa interna a la Directiva 1999/70/CE, la Administración empleadora y los tribunales no están liberados de la obligación de garantizar la consecución de los objetivos de la Directiva, ni de la obligación de sancionar el abuso y de eliminar las consecuencias de la infracción de la normativa comunitaria.13.La organización de procesos selectivos o de estabilización para cubrir de manera definitiva las plazas ocupadas por el personal público temporal no se ajusta a la Directiva 1999/70, según la sentencia del TJUE de 19 de marzo de 2020, en cuyos apartados 97 a 101,dado que no sirve para prevenir la utilización abusiva de las sucesivas relaciones de servicio de duración determinada, pues su convocatoria dependería de la arbitrariedad del empleador causante del abuso, ni para sancionar estos abusos y eliminar las consecuencias de la infracción del Derecho de la Unión, ya que su aplicación ni tiene efecto negativo para el empleador ( apartado 97), ni supone una compensación para las víctimas del abuso, en la medida en queel resultado de los mismos es incierto, al estar tales procesos selectivos abiertos a otros candidatos que no han sido víctimas del abuso.14.En los actos actos administrativos de las OEP ́s que afecten a personal con reclamaciones por abuso de la temporalidad, así como cualquier otra actuación que afectena los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.15.Los procesos de estabilización y las OEP ́s correspondientes adolecen en estos momentos de habilitación legal, pues la Ley de Presupuestos de 2017, en su art 19, establece que los procesos de estabilización en ningún caso pueden producir un aumento del gasto público.Sin embargo, los ceses de funcionarios interinos y extinciones laborales derivadas de estas OEP ́s incrementan el gasto público prohibido por esta Ley, al tener que indemnizar a los empleados públicos temporales que hayan sido objeto de un abuso y sean cesados.16.Para que la Diputación de Málaga pueda hacer frente al gasto de las indemnizaciones y sanciones (efectivas y disuarionas) deberá aprobar previamente la correspondiente aplicación presupuestaria a fin de garantizar los créditos necesarios para atenderel cumplimiento de las obligaciones de pago originadas con los ceses derivados de la ejecución de las OEP ́s, de lo contrario estaría vulnerando la legislación de las haciendas locales.17.La sanción frente al abuso es la fijeza, tal y como ha ordenado el TJUE en los últimos pronunciamientos del TJUE en el Auto 30 de septiembre de 2020 (Asunto C-135-20, caso JS contra la Cámara Municipal de Gondomar) y en la Sentencia de fecha 11 de febrero de 2021 ( Asunto c-760/18), dado que si la Legislación de un Estado miembro no ha fijado una medida sancionadora para acabar con la precarización de los trabajadores del sector público, procede la transformación de la relación temporal abusiva en una relación fija, por tanto es lo que sucede en España.18.La conclusión de fijeza es avalada en la Resolución del Parlamento Europeo de 31 de mayo de 2018 (2018/2600 RSP), en la que se indica en su considerando 18 que “la transformación de la relación temporal sucesiva en el sector público en un contrato fijo debe considerarse la medida más idónea para prevenir y sancionar de manera efectiva el abuso de la contratación temporal.19.La doctrina de la sentencia del TJUE de 19 de marzo de 2020 ya está siendo invocada por los Tribunales de Justicia Españoles. Así, las recientes sentencias de pasado 25/03/2021 del Juzgado nº 4 de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, que reconoce la fijeza a 16 funcionarios interinos como sanción al abuso de su temporalidad; la sentencia 134/2021, de 4 de marzo, del Juzgado de los Social n°11 de Bilbao,que declara la fijeza de un trabajador temporal de la Universidad del País Vasco, con contrato laboral de interinidad de vacante durante diecisiete años, a la que accedió tras un proceso selectivo; la sentencia nº 445/2020, de 30 de octubre, del Juzgado de lo Social nº 1 de Toledo, que estima la fijeza por fraude de ley de abuso de temporalidad de once empleados públicos de un ayuntamiento; y la doctrina de la Sala de lo Social del TSJ de Galicia, que fue reiterada por la misma Sala en casos muy similares, como los de sus sentencias de 30/04/2019, 15/05/2019, 13/03/2020 o la más reciente de 20/07/2020; doctrina que ha sido seguida por numerosos juzgados de lo social, como los Juzgados de Palma, Asturias, Valencia, Toledo, Guadalajara y finalmente Bilbao.20.La fijeza está siendo una opción normativa, como se ha visto recientemente con la aprobación el pasado 31/03/2021 del Proyectode nuevo Estatuto del personal propio del Parlamento de La Rioja, con una disposición transitoria que reconoce la condición de empleado público fijo a los empleados temporales de más de 5 años que accedieron por proceso selectivo público, ante el fraude de ley de abuso de temporalidad y para dar cumplimiento a la Directiva y sentencias europeas.21.La ex-presidenta del Tribunal Constitucional presentó el pasado mes de marzo un informe en el que afirma que es constitucional una reforma legal que convierta en personal fijo “a extinguir” a los empleados públicos en situación de abuso de temporalidad, al tiempo que niegaque se vulneren losprincipios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público dado que ya tuvieron que satisfacerse, a excepción de determinados casos, para el acceso al puesto temporal, y además considera que es la mejor forma para dar cumplimiento por los legisladores nacionales a la normativa y sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 22.El Ministro de Función Pública en diversas comunicaciones realizadas, incluida en la Comisión de Coordinación del Empleo Público celebrada el25/03//2021, ha expresado su voluntad acometer la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público y la estabilización con carácter fijo del personal interino que realiza de forma permanente funciones de tipo estructural.23.Por todo ello, solicitamos la paralización de cualquier actuación de carácter administrativo que no se ajuste a la doctrina determinada por el TJUE en virtud de la Directiva 1999/70, hasta que exista un marco normativo que ofrezca mayor seguridad jurídica, así comola exclusión de las plazas que son objeto de reclamación judicial por demandarse situaciones de abuso, así como una actuación comprobatoria de las relaciones temporales de los empleados públicos, a efectos de determinar si se ajustan a la doctrina del TJUE.”